ATENTADO CONTRA EL ESTADO DE DERECHO

Autora: Cojoma Palomino, Danna

RESUMEN: 

Es aquel Estado dentro del cual se presenta una situación en la que su poder y actividad se encuentran reguladas y controladas por el derecho; donde la esfera de derechos individuales es respetada gracias a la existencia de un sistema de frenos y contrapesos que permite un adecuado ejercicio del poder publico.Son todas aquellas acciones u omisiones cuyo fin van encaminado a destruir la organización del Estado, bajo el supuesto que el Estado se encuentra sometido al poder de la Norma Jurídica Suprema, la cual es la Constitución. Estas acciones van en detrimento a todas las leyes promulgadas por el Estado, es por eso que en la mayoría de noticias sobre ciertos funcionarios publico hacen alusión a "la destrucción del Estado de Derecho", ya que están realizando acciones o tomando atribuciones que la Constitución no les ha brindado.

DESARROLLO TEORICO:

El Estado de derecho es aquel Estado en el que sus autoridades se rigen, permanecen y están sometidas a un derecho vigente en lo que se conoce como un Estado de derecho formal.
En una definición más compleja es “Aquel Estado dentro del cual se presenta una situación en la que su poder y actividad se encuentran reguladas y controladas por el derecho; donde la esfera de derechos individuales es respetada gracias a la existencia de un sistema de frenos y contrapesos que permite un adecuado ejercicio del poder publico.
Éste se crea cuando toda acción social y estatal encuentra sustento en la norma; es así que el poder del Estado queda subordinado al orden jurídico vigente por cumplir con el procedimiento para su creación y es eficaz cuando se aplica en la realidad con base en el poder del Estado a través de sus órganos de gobierno, creando así un ambiente de respeto absoluto del ser humano y del orden público.
El término «Estado de Derecho» tiene su origen en la doctrina alemana Rechtsstaat. El primero que lo utilizó como tal fue Robert von Mohl en su libro La ciencia de policía alemana en conformidad con los principios de los Estados de derecho(del alemán Die deutsche Polizeiwissenschaft nach den Grundsätzen des Rechtsstaates), sin embargo, la mayoría de los autores alemanes ubican el origen del concepto en la obra de Immanuel Kant. En la tradición anglosajona, el término más equivalente en términos conceptuales es el Rule of law.

El Grupo Bajo La Lupa suscribe el presente pronunciamiento. Después de la caída del fujimorismo, los peruanos descubrimos una serie de atrocidades que habían permanecido ocultas durante más de 20 años tales como las matanzas de Putis o Umasi, donde campesinos, mujeres, niños y niñas fueron ejecutados por miembros del Ejército Peruano que tenían la obligación de defenderlos de los crímenes de Sendero Luminoso. Ahora se quiere mantener en la impunidad esos delitos de agentes del Estado mediante los Decretos Legislativos que el gobierno del Presidente Alan García ha emitido.

El gobierno nos quiere devolver, así, a los días más oscuros del autoritarismo abriendo las puertas de las cárceles a los violadores de derechos humanos que cometieron sus crímenes hasta antes del 2003, pues estos decretos permiten archivar sus casos apelando a lo prolongado de sus procesos penales. A nadie escapa, sin embargo, que dicha extensión se debe a la falta de cooperación del Ministerio de Defensa y a interminables maniobras dilatorias de los propios acusados.

Estas normas también permitirán a las Fuerzas Armadas actuar en el control de protestas sociales y resolver fuera del alcance del Poder Judicial cualquier delito que sus miembros cometan en ese campo. Esto confirma la tendencia a la represión y la impunidad con la que el actual gobierno ha actuado en diversos escenarios de conflicto social.

Frente a este agravio a la ciudadanía:

Exigimos que el Congreso de la República derogue inmediatamente estos decretos y que los jueces que llevan causas de derechos humanos los declaren inaplicables por ir en contra de las garantías del Estado de Derecho.

Advertimos que estos decretos pondrán al Perú en una situación de paria ante la comunidad internacional, como ocurrió durante el fujimorismo, y abrirá las puertas a decenas de nuevas condenas en instancias internacionales y arrestos y juicios de peruanos en el extranjero, frente a la evidente imposibilidad de hacer justicia en nuestro país.

Anunciamos que como ciudadanos y ciudadanas nos movilizaremos para evitar este atropello contra nuestra democracia y que enfrentaremos estos arbitrarios decretos por todas las vías que nos deja abiertas el estado de derecho.